COLOMBIA Y LA FRACTURA DE LO SOCIAL: A PROPÓSITO DE LA IRRUPCIÓN DE LO POLÍTICO

«[…]-la generación sudaca canta folk, baila rock,

pero todos se están muriendo

-con la vista vendada en la barriga de los galpones.

– En cada nicho hay un país, están allí, son los países sudamericanos.

-Grandes glaciares vienen a recogerlos.

-Blancos glaciares, sí hermano, sobre los techos se acercan.

-Murió mi chica, murió mi chico, desaparecieron todos.

Desiertos de amor.»

Raúl Zurita

Por John Jairo Cuevas Mejía

Desde el pasado 28 de abril, mi ciudad ha sido epicentro de las movilizaciones sociales que tuvieron en el rechazo al proyecto de reforma fiscal presentado por el gobierno colombiano su detonante. En medio de la tercera ola de la pandemia del Covid-19, el gobierno del presidente Iván Duque presentó un proyecto de reforma fiscal al que designó «Ley de solidaridad sostenible». Aduciendo la urgencia del gobierno de contar con recursos que le permitieran enfrentar los desafíos de la pandemia, este proyecto de Ley se presentaba como un instrumento estratégico para adelantar programas sociales en los sectores más vulnerables de la población colombiana que, en un contexto como el actual, se han visto profundamente lesionados. Para concretar esta estrategia, el significante «Ley de solidaridad sostenible» buscaba articular a diversos sectores políticos y sociales del país en favor de una medida tomada por el gobierno que, a todas luces, impactaría con fuerza a la clase trabajadora colombiana en medio de una crisis económica agudizada por la pandemia; al apelar a la idea de «solidaridad» se pretendía lograr la simpatía de un amplio sector de la ciudadanía. La estrategia del gobierno fracasó, porque de forma inesperada, el significante «Ley de solidaridad sostenible» vino a operar como detonante del malestar social, devino condición de posibilidad en la que se articularon diversas fuerzas políticas, sociales y populares en rechazo categórico a esta iniciativa. Así, este hecho suscitó una fractura del consenso que ha asegurado, en el caso colombiano, la inercia de lo social; en su lugar, ocurrió una dislocación de lo que por mucho tiempo ha permanecido sedimentado y entre sus grietas ha ido asomando el antagonismo.

II

Como ha venido sucediendo con la mayoría de los gobiernos capturados por las derechas corporativas, las medidas y decisiones políticas suelen ser presentadas como intervenciones estrictamente técnicas cuya neutralidad no debería discutirse toda vez que no dinamizan intereses políticos de ningún tipo. Desde su llegada al gobierno colombiano, Iván Duque y sus ministros han buscado instalar en la opinión pública que las medidas de gestión de lo público que han adelantado son técnicas y no políticas. Así lo hizo ver el exministro de hacienda Alberto Carrasquilla, quien fuera el responsable ante la opinión pública del texto de la reforma fiscal. Los argumentos usados en esta ocasión no han sido diferentes a los usados durante el 2019 cuando se defendió la reforma tributaria que, en ese momento, llevó por nombre «Ley de financiamiento». En el caso de esa reforma, los argumentos técnicos fueron usados, una vez más, para justificar una serie de medidas que concedieron exenciones en el pago de impuestos a ciertos sectores económicos concentrados; según el gobierno, esto se hizo sobre la base de la necesidad de propiciar la reactivación económica y la generación-formalización del empleo en Colombia. Sin embargo, la «Ley de financiamiento» redujo los ingresos del Estado limitando las posibilidades para el ejercicio de la política fiscal durante el 2020, a lo que habría que sumar la urgencia de contar con nuevos recursos para atender las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. Estas circunstancias a las que se presenta como parte de una extraña exterioridad sobre la que parece no hay mucho que hacer, llevaron este año al gobierno a formular el proyecto de reforma fiscal de «Ley de solidaridad sostenible». En apariencia no hay una responsabilidad en el proceder del gobierno, se trata de una medida técnica que se propuso corregir técnicamente los efectos de otra medida técnica. Hasta aquí la visión del mundo administrado al que otrora temió Adorno, se nos presenta acéfalo y sin hueso humano. Solo es cuestión de evaluar, medir, planear, dirigir; no hay resto, porque todo es calculable. El reverso de estas intervenciones técnicas es el malestar que suscitan. Es el malestar en el mundo administrado el que ha propiciado la reactivación de lo político.

III

La situación colombiana reclama que tomemos como punto de partida algunas de sus particularidades que hacen de Colombia un país con una complejidad en su textura social: un conflicto armado que el acuerdo de paz con la extinta guerrilla FARC-EP y hoy partido Comunes se propuso mitigar pero que, como consecuencia de los incumplimientos en su implementación desde el arribo del actual gobierno, ha agenciado un rearme de un sector disidente del acuerdo de paz y el fortalecimiento de la respuesta militar desde la institucionalidad; los diálogos de paz exploratorios con la guerrilla del ELN suspendidos y un recrudecimiento del conflicto armado en los territorios en los que hace presencia esta guerrilla; el negocio del narcotráfico que se ha enquistado en la realidad económica, política y social colombiana, a cuya confrontación militar distintos gobiernos han dedicado esfuerzos y recursos que a lo sumo han desarticulado cárteles y detenido a sus principales cabecillas, pero dejado intacto su núcleo problemático; una estructura de gobierno centralista en un país de fuertes contrastes entre el centro y las regiones, y entre las regiones mismas; un nivel de concentración del poder político y económico en élites que han capturado la democracia e instrumentalizado la política fiscal y monetaria en favor de sus intereses de clase; una industria nacional diezmada y condicionada a las actividades primarias y extractivistas; un desempleo y una pobreza monetaria que no han sido reducidos, por el contrario, en el contexto de la pandemia se han recrudecido a niveles inéditos; la existencia de mafias y estructuras delincuenciales al margen de la Ley que en algunos territorios son determinantes de la violencia en todos sus niveles; la corrupción política y empresarial que ha significado el extravío de cuantiosos recursos que podrían financiar sin problemas programas ambientales, sociales y educativos; la cultura del atajismo y la naturalización de modos de conducirse según «las aguas heladas del cálculo egoísta»; entre otras cuestiones que podrían enunciarse como telón de fondo de un país que, en su contexto urbano, se ha arrojado a lo que Uldrich Brand ha denominado «modos  imperiales de vida» al tiempo que ha condenado a los sectores rurales a una pauperización de sus condiciones de vida. Retomando la expresión del poeta colombiano Juan Manuel Roca, Colombia se nos presenta como «la casa sin sosiego».

IV

El paro iniciado el pasado 28 de abril, convocado por las centrales de trabajadores y por diversas organizacionales sociales, tuvo en el proyecto de la reforma fiscal de «Ley de solidaridad sostenible» un condensador de los diversos malestares que atraviesan al cuerpo social colombiano. El malestar agenciado por el significante «Ley de solidaridad sostenible» propicia una suerte de interrupción de la normalidad, una suspensión en la subsistencia en el tiempo y la consistencia en el espacio del Discurso que, además, ha sido saturado por la normalidad de la pandemia. Este freno de mano que ha propiciado un agrietamiento en la sedimentación de lo social colombiano ha tenido en mi ciudad, Santiago de Cali, un estallido sin precedentes. Cali es una ciudad ubicada al suroccidente de Colombia y es la capital de la provincia del Valle del Cauca. A diferencia de ciudades como Medellín y Bogotá, Cali coexiste entre un cosmopolitismo siglo XXI en su narrativa de lo urbano, sin eliminar la matriz cultural decimonónica en que se ordenara desde su fundación; lo que significa, entre otras cuestiones, que las relaciones señoriales y la estructura de clases que las soporta y reproduce siguen funcionando. En un sentido similar al indicado por el intelectual colombiano Fernando Cruz Kronfly, quien se hace eco del pensamiento de Néstor García Canclini, Cali es una suma sin eliminaciones.

En el modo de organización urbano de Cali resuenan los discursos del presente en los que se ordena al espacio social. Experimentamos la managerialización de todos los ámbitos y registros de lo social; al igual que el retrato del nuevo sentido que toma lo urbano en «La caverna» de Saramago, Cali se ha ido convirtiendo en un Gran Centro que expulsa a la aridez de su afuera a quienes considera no harán parte de su adentro. Esto que es expulsado no es sino su exterioridad constitutiva: una heterogeneidad social en la que permanece inscripta la herida de un conflicto armado de larga duración y en donde siguen resonando con fuerza los vestigios de la dominación racializada, el no reconocimiento de la diferencia absoluta para las mayorías negras, indígenas y mestizas, la falta de oportunidades y el no-futuro para las nuevas generaciones de los nacidos bajo el signo de la deuda; todo lo anterior sumado a una pobreza de las condiciones materiales de amplios sectores que coexisten, como lo conjetura Jorge Alemán, con el plus de gozar al que los conmina el Superyó contemporáneo según sus formas imperativas y voraces. Esta heterogeneidad social ha encontrado en el significante «Ley de solidaridad sostenible» una condición de posibilidad para confrontar al Poder, su captura del Estado al que ha corporativizado y la Democracia a la que ha reducido a la cuestión electoral. A lo que habría que agregar, en el caso de Cali, que los operadores del Poder, que se presentan bajo la forma homogénea de «gente de bien», pretenden siempre mantener vigentes las relaciones señoriales de otrora y en las que aspiran ingresemos complacidos quienes hemos hecho de este territorio morada. Esta sobredeterminación de las circunstancias ha empujado a las ciudadanías a manifestarse mediante el ejercicio democrático de la protesta, propiciando con ello un rompimiento de la inercia social en la que había permanecido sumida la sociedad colombiana; dicho de otro modo, el pasado 28 de abril advino un pueblo en las calles de Colombia, y que con su estar-ahí arrojado a la movilización, propició el agrietamiento de capas duramente sedimentadas de la realidad social colombiana. Por entre esas grietas se reactiva el momento de lo político.  

V

Aún no sabemos cuánto durará, qué suscitará, ni qué advendrá; lo que sí sabemos es que lo que acontece en Colombia participa de la reactivación de lo político. Sin embargo, no es del signo de lo totalmente inédito esta situación, toda vez que a lo largo del territorio nacional los sectores rurales y la Colombia campesina han experimentado, y de diversas maneras, el asedio de grupos al margen de la Ley que ante las ausencias de la institucionalidad del Estado se han autorizado a imponer sus normas y reglas; lo que ha suscitado cruentas disputas por el control de territorios que son sometidos y puestos al servicio de los intereses de estos grupos y sus paraEstados. Esta realidad por primera vez toca con fuerza a las ciudades capitales, y es este su carácter inédito. El actual estallido de la conflictividad de lo social, al menos bajo esta suerte de agrietamiento de las inercias sociales que otrora se presentaban como inamovibles e inquebrantables, ha puesto en evidencia los antagonismos sobre los que las ciudades, y en particular Cali, han sido erigidas. Como nos lo notifica Nicole Loraux a propósito de Atenas, la unidad de la ciudad olvida el debate, la división de la que parte y en la que fue fundada, toda vez que aquello que prevalece como recuerdo es la «ciudad pacífica» y a la «ciudad poseída por la guerra» se la enmascara y somete a una suerte de olvido.  

Ejemplo de esto fue lo ocurrido el pasado domingo 9 de mayo, donde habitantes de sectores de élite del oeste y el sur de la ciudad hicieron despliegue de una organización paramilitar justificándose en el agotamiento causado por el bloqueo que vive la ciudad y que se sintetiza en expresiones del tipo «estamos cansados de los bloqueos que realizan los indígenas». Esta respuesta premeditada por parte de algunos habitantes de estos sectores de la ciudad puso en marcha, de nuevo, la representación de lo indígena como portador del signo del mal, lo que constituye razón suficiente para justificar una acción militar a manos de civiles que pretenden restituir el orden al que consideran perdido como consecuencia de la acción de los manifestantes y la comunidad indígena. Esta situación contó con un amplio despliegue en redes sociales, suscitando la experiencia de lo simultáneo que hace de los hechos un producto del espectáculo, no sin colocar en primer plano esa división constitutiva que había sido condenada al olvido entre la matriz cultural propia del imaginario colonial que aún persiste y la matriz cultural del imaginario indígena.

La conflictividad social de la que el antagonismo es superficie de inscripción ha dejado en evidencia la división en la que mi ciudad ha sido fundada. La estatua de Sebastián de Belalcázar, ubicada al oeste de la ciudad y símbolo del acto fundacional de la ciudad al que la ciudadanía aristócrata local y heredera del pasado español quiso rendir homenaje, fue recientemente derribada por integrantes de la comunidad indígena Misak para quienes la caída de este símbolo, como ha sucedido también con el derribamiento de la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada en Bogotá, representa la restauración de la memoria de sus ancestros asesinados a manos de estos colonos durante la época de la conquista y la colonia.  Estos antagonismos que se han puesto en evidencia no se reducen a la sola inscripción de la relación antagónica entre el Estado junto a sus representantes y los movimientos sociales, obreros e indígenas, sino también, como en el caso de mi ciudad, se trata de antagonismos entre la sociedad civil y su división de clases.

VI

Este momento de lo político coexiste, también, con un recrudecimiento de la violencia que se autoriza tomar la vida del otro, a quien se condena por el solo hecho de ser portador de una diferencia y formular una demanda popular en su condición de históricamente oprimido-excluido. Aunque la derecha ultraderechizada, que durante estos días de paro ha mostrado su rostro y develado que está dispuesta a desatar la pulsión de muerte encarnada en la voracidad del aparato paramilitar que no dudará en sacrificar a las diferencias que impidan el retorno a la normalidad ­­­­­­­­-del capital-, las juventudes anudadas en lo que ha emergido bajo el significante «primera línea» y que han hecho presencia casi que ininterrumpida en las calles de las ciudades de «los países de Colombia», y a pesar de las balas que silban en derredor suyo disparadas desde autos blancos conducidos por personas vestidas también de blanco, siguen persistiendo en sus demandas aunque ello signifique ser quienes ponen los muertos, insisten en enseñarnos con sus cuerpos dolidos, heridos, lastimados, aquello que la poeta Chantal Maillard indicaba en un verso de resonancias nietzscheanas: «no nos enseñaron a desconfiar de los buenos». Querida Chantal, en Cali la juventud que se ha tomado las calles ha asumido con sus cuerpos esa tarea de enseñanza que es al mismo tiempo una tarea de esperanza.

VII

Llevamos 23 días de paro, 23 días en que transitamos la experiencia de lo político, 23 días que han desenmascarado la división constitutiva de lo social, 23 días en que la ferocidad del paraEstado se ha hecho sentir, 23 días en que las élites económicas y políticas insisten en el retorno a su normalidad, 23 días en que la juventud, siempre la juventud, ha accionado el freno de mano, la juventud que inventa, imagina, sueña y desea construir una nueva narrativa, una poética a la que habrá que concederle valor político y jurídico porque inventa la «Razón para vivir» y el fundamento en donde sostenernos como comunidad política. Sí, vivimos el momento de lo político y son las juventudes las que están inventando su traducción política.